Adelantemos algunos elementos específicos sobre la evaluación relacionada con la política salarial. En las ciencias y educación superior el modelo gerencial comenzó al crearse en 1984 el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con el fin de pagarle un complemento salarial a un pequeño grupo de investigadores cuando los ingresos de todos iban en picada. Era concebido como una medida estrictamente transitoria, mientras se recuperaba la economía. Pero no ocurrió así. El sistema se perpetuó como régimen de control. Me consta, porque ingresé al sistema en su primera generación, en un momento de mucho debate. Como parte de un nuevo modelo impuesto desde afuera, el gobierno empezó a congelar los salarios contractuales y a introducir sistemas de pago complementario por productividad; primero el SNI, y después diversos sistemas internos en cada institución. Hoy recibo 70 por ciento de mis ingresos por complementos y sólo 30 por ciento por contrato en la UAM. Llama la atención que ningún otro país de buen nivel académico practique tal fragmentación salarial. Ni en Europa, EU o Canadá. Tampoco Brasil, Argentina o Colombia.

A escala internacional, el régimen neoliberal establece jerarquías (rankings) entre universidades, disciplinas, revistas e investigadores. La bibliometría ha colocado el concepto de factor de impacto (Garfield) en el centro de su sistema de evaluación: el valor de un artículo científico se establece exclusivamente por el número de citas que obtiene en la pequeña selección de revistas del Citation index. Es incapaz de describir el valor de un artículo basado en su calidad científica o en su impacto social real (incluso en sus variantes más sofisticadas, e.g. el factor Hirsch, etcétera). No hace falta leer un artículo para evaluarlo. Esto lo hace un software. La investigación sobre el virus del zika, por ejemplo, tan urgente para desarrollar una vacuna y quizás un tratamiento, no tendrá impacto porque salve la vida o salud de muchos seres humanos. Solamente alcanzará impacto científico si los resultados son publicados y si engendran muchas citas en otros artículos. Como hemos visto claramente en México, este sistema enajena y distancia a las universidades de sus sociedades. Basta ya.

Para superar ese régimen podemos dar pasos iniciales que deberían ser de obvia resolución. Propongo una tregua y suspensión por cinco años de todos los sistemas de evaluación académica relacionados con pagos adicionales a partir del primero de julio de 2019. Se disuelve el SNI y se incorporan sus estímulos a los salarios. Lo mismo ocurre con todos los sistemas estatales e intrauniversitarios correspondientes. Así podremos ahorrarnos la costosa burocracia del SNI y de los demás sistemas cuyos presupuestos se dedicarán a la investigación y docencia. Más importante es que se ahorrarán miles y miles de horas invertidas por los investigadores en la publicación de artículos irrelevantes y en el llenado de reportes y formularios cada vez más absurdos kafkianos, que premian la mediocridad y los simulacros. Sin duda, mejorará la calidad de producción y también la calidad de vida de los académicos.

Esto es exactamente lo que hizo el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil al comienzo de su mandato (2003-2011). Junto con un fuerte incremento en la inversión, claro está, la academia brasileña empezó entonces un ascenso meteórico, con salarios íntegros y la fundación de 50 nuevas universidades federales y campos, que la coloca hoy en el primer lugar en América Latina.

La tregua nos dará tiempo, libertad y energías para luchar por un salario justo, y la suspensión del SNI nos permitirá crear, desde el primer día, un nuevo sistema de jerarquías universitarias basado en criterios cualitativos, la relevancia social y en salarios íntegros.

En cinco años nos volveremos a sentar en la mesa para ver cómo estamos. Nos daremos cuenta de que el emperador de los rankings andaba desnudo. Tanta evaluación, ¿para qué? Para mejorar las estadísticas, nos escribe un subdirector del Conacyt. Esta parafernalia sólo obnubila y desprestigia aquellas evaluaciones que sí son legítimas e importantes, porque permiten mejor nuestra labor académica y su organización. Algo parecido ocurrió en este sexenio con la evaluación en la educación básica.

Pero hay que iniciar ese proceso ya y dar un golpe de timón certero; de otro modo, todo seguirá igual. En México somos campeones de la simulación. Habrá que crear rupturas precisas en varios campos para preparar las rupturas mayores que tendrán que venir más adelante. El tema propuesto podría parecer marginal, pero apunta al corazón del sistema neoliberal en las ciencias y educación superior.

Buena parte de los gobiernos autodenominados de izquierda o progresistas (y no se diga los socialdemócratas) terminaron claudicando y traicionando sus propias proclamas, promesas e intenciones, porque más allá de sus declaraciones y discursos continuaron manteniendo en lo profundo la visión civilizatoria neoliberal, es decir, sus fantasías. Este ha sido el caso de varios países latinoamericanos (Brasil, Argentina, Ecuador, etcétera) aderezado además por la corrupción. El caso mexicano, con un nuevo gobierno progresista en ciernes, debe inscribirse en este contexto. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha dejado muy claro que su gobierno será antes que todo antineoliberal. Esto lo ha proclamado durante su campaña electoral y especialmente en su reciente libro (México, Rumbo al 2018). Como en el resto del mundo, lo que AMLO ha llamado la mafia del poder no solamente está formada por políticos y empresarios, también la conforman los que alimentan las fantasías: periodistas, científicos, técnicos, intelectuales, academias.

Tomemos el caso de los alimentos. Hoy en el mundo no existen más que dos maneras de producir, circular, transformar y consumir alimentos. Uno es el sistema alimentario agroindustrial, basado en el uso de energía fósil, dirigido a los agronegocios, la exportación antes que a la soberanía alimentaria, la especialización, el uso de agroquímicos, genómica y biotecnología transgénica, que ignora los saberes agrícolas tradicionales y que gasta enormes cantidades de energía en el transporte, el empaquetado y la preservación de los alimentos. El otro sistema es el agroecológico, basado en la energía solar, el respeto a los ciclos y procesos biológicos y ecológicos, que dialoga siempre con los agricultores tradicionales, genera alimentos sanos y crea mercados orgánicos, justos y de corta distancia. El primero constituye la modalidad neoliberal; el segundo su antítesis y alternativa. El primero contribuye con hasta 30 por ciento de los gases de efecto invernadero que calientan el planeta. El segundo, por el contrario, enfría el planeta, es decir, atenúa el cambio climático. En México el sistema agroindustrial, del cual es un destacado impulsor internacional el futuro secretario de Agricultura de AMLO, ha sido adoptado, multiplicado y expandido por los gobiernos neoliberales de las pasadas tres décadas. En su versión más despiadada (el maíz transgénico), esta fantasía fue respaldada por la Academia Mexicana de Ciencias, El Colegio Nacional, la UNAM, la Sagarpa, la Semarnat y periodistas despistados o sin ética. Por su parte, el modelo agroecológico que nació en el país hace unos 40 años ha sido adoptado ya por cientos de comunidades, ejidos y cooperativas, y multiplicado por universidades y tecnológicos, y fue una de las demandas que el movimiento campesino Plan de Ayala Siglo XXI hizo a AMLO.

Como en el caso de los alimentos hay muchas otras fantasías neoliberales que el nuevo gobierno deberá identificar y enfrentar: la opción empresarial de energías alternativas, la mercantilización de la biodiversidad mexicana (capital natural), la robótica, la educación tecnocrática y euro­céntrica, la superioridad de las ciudades sobre el campo, la marginación del arte y los artistas, etcétera. ¿Logrará el nuevo gobierno remontar estas fantasías o repetirá la fallida historia de los gobiernos progresistas de la América Latina?

Agromod, la compañía de tecnología alimentaria propiedad del futuro jefe de la Oficina de la Presidencia donde se tomó la fotografía, es una pieza clave de su emporio. La presencia de Andrés Manuel López Obrador allí no fue accidental, sino parte del trabajo de campo del presidente electo para reforestar un millón de hectáreas. Una iniciativa que coincide con la visión del desarrollo de la región que tiene Romo. Según él, la inversión forestal en el sureste, es la manera más barata para México de llevar riqueza al campo. No son palabras. El magnate ha invertido en biotecnología y agronegocios en Chiapas desde 1992. En 1996 confesaba que su proyecto en ese estado es el que más me gusta de todos mis negocios.

Pero no es sólo Chiapas. El campo es el campo de Alfonso Romo. Regiomontano de corazón nacido en Ciudad de México, sintió vocación por el mundo rural. Estudió para ingeniero agrónomo en el Instituto Tecnológico de Monterrey, para modificar el artículo 27. En 1996 declaró a Expansión que este artículo constitucional ha sido lo más nefasto que hemos tenido en este país. Según él: mientras estuvo vigente el artículo 27 constitucional, 45 por ciento de la población no se benefició de sus tierras durante 60 años porque la ley no se lo permitía.

Su comprensión del mundo campesino e indígena es muy peculiar. “Los campesinos mexicanos –dijo– no están acostumbrados a pelear 10 horas diarias”. Quiere ver a los indígenas moralmente responsables, pero no tolera las deshonras a la patria, los abortos, las faltas a la moral en el libre derecho por la vida. Asegura que en la selva Lacandona hay tribus. Y quiere ayudar a los indígenas a ser buenos mexicanos.

Su incursión en el mundo de los agronegocios ha sido una especie de rueda de la fortuna. A veces está arriba, en ocasiones abajo, pero siempre montado en ella. Adquirió en 1987 Cigarrera La Moderna, para venderla, 10 años después, a British American Tobacco. Fundó Seminis, que logró controlar 22 por ciento del mercado internacional de semillas. Pero, en medio de un escandaloso pleito con su suegro Antonio Garza Lagüera, tuvo que entregársela a Monsanto, para cubrir parte de una deuda millonaria. Llegó a controlar 22 por ciento del mercado internacional de semillas.

Sus inversiones en la industria cigarrera no le provocaron dudas morales. Según él, “las campañas del tabaco han sido muy exageradas […] No es posible que haya más publicidad contra el tabaco que contra la droga, la homosexualidad o la pornografía”.

Alfonso Romo admira a Juan Pablo segundo, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el gran triunvirato que cambió al mundo. Aprecia a un mismo tiempo a Porfirio Díaz, al que considera un gran visionario, y a Francisco I. Madero, su tío bisabuelo. Hizo negocios con el dictador chileno Augusto Pinochet y sostuvo que, si se estaba enjuiciando a Pinochet, debería enjuiciarse también al presidente Salvador Allende, quien también era un asesino(https://bit.ly/2OtDYn6). Es consejero del Instituto Atlántico de Gobierno, dirigido por el ex presidente español José María Aznar, junto a Ernesto Zedillo y Mario Vargas Llosa.

Ha combinado exitosamente política y negocios en el más alto nivel. Opina que Carlos Salinas fue un gran reformador y un gran estadista. Ernesto Zedillo es –según su parecer– un hombre recto, moral, consistente en su programa económico. Apoyó con todo a Vicente Fox desde 1997. Impulsó la formación de la plataforma política Opción Ciudadana. En 2011 se acercó a López Obrador.

El coordinador del proyecto de nación y futuro jefe de gabinete ha anunciado que el plan de gobierno de AMLO será de centro, defenderá el libre comercio, buscará convertir a México en paraíso de la inversión privada y convertirá a todo Chiapas, Oaxaca y Guerrero en zonas económicas especiales.

En la próxima administración, dos figuras cercanas a él ocuparán posiciones clave. Uno es Víctor Villalobos, el señor de los transgénicos, anunciado como secretario de Agricultura. La otra es Tatiana Clouthier, eficaz vocera de la campaña presidencial, directora de preparatoria de la Universidad Metropolitana de Monterrey, el negocio educativo de Romo, designada como subsecretaria de Gobernación.

Ironías de la política, el empresario conservador Alfonso Romo, enemigo del aborto y de la propiedad social en el campo, será el segundo hombre más poderoso de un gobierno que ganó las elecciones con el voto de quienes rechazan las reformas estructurales, defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y reivindican el ejido y la comunidad indígena.